Este Lunes el Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó un proyecto de ley que busca reformar los cimientos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con variaciones en su estructura interna, sus atribuciones y el sistema de gobernanza.
La iniciativa busca: eliminar la facultad del organismo para presentar querellas criminales, disminuir de 11 a 5 los integrantes del consejo; y el de crear el cargo de director ejecutivo, para separar las funciones de dirección con las de administración y gestión operativa.
Según información del proyecto, la reforma implicaría, según la propuesta, un menor gasto fiscal: aproximadamente $1.210 millones durante el primer año, de $3.113 millones en el segundo y $3.721 millones de pesos de ahorro anuales cuando la medida esté operativa en su totalidad.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió el ingreso de esta nueva reforma y afirma que el organismo debe tener un rol consultivo y no persecutor. "La idea es transformarlo en un órgano que cumpla un rol de orden consultivo en materia de derechos humanos y ello implica en este proyecto de ley eliminar la facultad que tenía de interponer querellas criminales", manifestó el secretario de Estado.
"Tiene un rol consultivo en materia de derechos humanos. y no un rolpersecutor en materia penal", enfatizó Rabat, agregando que "para eso hoy la constitución política, la reserva del Ministerio Público, el ejercicio de las acciones penales y por lo tanto no tiene sentido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tenga esa facultad".
Quien salió a defender al organismo nacional de Derechos humanos, fue su director, que, en una conservación a un medio nacional, enfatizó en que este tipo de medidas afectan la autonomía de la institución. El proyecto fue enviado al Congreso Nacional y se espera que inicie su tramitación legislativa en el Congreso.